La economía social y la baja de pensiones por discapacidad

*Por Mariana Pacheco, secretaria de Cooperación Social e integrante de la Cooperativa de Trabajo La Huella, que funciona dentro del Hospital Borda, y cuyos socios son personas con discapacidad.
En la última semana la noticia de que fueron relevados más de 70 mil pensiones por invalidez por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Carolina Stanley, provocó una nueva movilización social en repudio al avance contra derechos adquiridos, que asigna a los beneficiarios unos 4677 pesos mensuales para su manutención.
La Secretaría de Cooperación Social de Fedecaba, que coordinamos con Federico Bejarano, ante este retroceso y pérdida de derechos a partir de la quita o suspensión de pensiones no contributivas por discapacidad, queremos demostrar que desde las cooperativas sociales se pueden dar respuesta vía derechos. Estamos trabajando de manera plural en la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo en la que participa Fedecaba, para que el cooperativismo de trabajo en su conjunto entienda cuál es la estrategia que se puede dar, ahí donde el Estado no solo no las da, sino que también quita los derechos adquiridos. Por eso es tan fundamental impulsar las cooperativas sociales.
El gobierno nacional había anunciado que las pensiones por invalidez, que en el país alcanzan a más de millón de personas, están siendo revisadas. Tras no haber sido notificadas las causas del retiro de la pensión, distintos espacios ya iniciaron medidas legales para retrotraer al mes anterior y continuar la cobertura de los ciudadanos beneficiarios. En este sentido, el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social, Gabriel de Vedia, requirió a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, información sobre la quita de beneficios a discapacitados. Por su parte, la Comisión de Discapacidad de Diputados hizo un planteo ante Naciones Unidas, mientras que la municipalidad de Rosario confirmó que evalúa iniciar acciones contra el Ejecutivo Nacional.
Las bajas y suspensiones unilaterales y sin derecho a defensa de las pensiones que lleva adelante el Gobierno nacional, desde el Ministerio de Desarrollo Social, supone una violación de la obligación asumida por el Estado, teniendo en cuenta que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, sancionada mediante resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas A/ RES/ 61/ 106 en 2006, fue aprobada por la Ley 26.378, y cuenta con jerarquía constitucional de conformidad a la ley 27.044.
Hasta el momento, desde Desarrollo Social dijeron que iba a rever todas las quitas que hubieran sido injustas o arbitrarias, aunque no señaló cuántas serían estas ni por qué se efectuaron tales medidas ahora indicadas como mal realizadas.
Desde la Secretaría de Cooperación Social y Salud Colectiva de Fedecaba rechazamos todo avance contra los derechos adquiridos y afirmamos el rol del cooperativismo y mutualismo social como el camino hacia el empoderamiento y mejora del sistema federal de cuidados de todos aquellos que requieran asistencia física o psíquica para su normal desenvolvimiento en la sociedad.