Quebrar o no quebrar: ese es el dilema

Acoplados del Oeste y Globito corrieron suerte bien distinta desde que los trabajadores recuperaron sendas empresas. Con las voces de Andrés Ruggeri, secretario de Formación de FEDECABA, de Claudio Caponera y Pablo Godoy, abogados de los trabajadores de una y otra cooperativa, analizamos los casos.

Dos empresas recuperadas. Una textil; otra metalúrgica. Una porteña; otra del conurbano bonaerense. Una quebrada; la otra, no. Una en funcionamiento; la otra no. Enredos judiciales, avances que no fueron suficientemente profundos, la fábrica del veto y la presión empresarial. Las estrategias de los trabajadores.

ACOPLADOS DEL OESTE

La fábrica de acoplados Petinari está ubicada en el partido de Merlo. En enero de 2015 los 188 trabajadores de la empresa no cobraron y fueron informados de que habría una reducción del plantel. Los asociados despidieron a 60 trabajadores y justificaron la maniobra alegando una crisis económica del mercado que no les permitía seguir empleándolos. Sin embargo, en ese período las estadísticas no mostraron que el rubro sufriera ninguna caída generalizada.

Desde el Ministerio de Trabajo la única herramienta que les brindaron a los trabajadores fue la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis, durante el cual la empresa no podría realizar más despidos. Aún así, Petinari siguió despidiendo gente.

Ante las medidas de los dueños, los trabajadores decidieron tomar la fábrica en protesta. La empresa los denunció por ocupación de la planta y la fiscalía aprobó el primer desalojo. Durante ocho meses la planta estuvo absolutamente parada, con la custodia de dos guardias de seguridad en la puerta. Fue entonces que 120 de los 188 trabajadores que habían quedado en la calle, decidieron agruparse, entrar a la fábrica, y volver a sus puestos de trabajo. De esta manera, produjeron de manera autogestiva durante más de un año. Aún siendo una empresa recuperada denunciada y perseguida, lograron generar retiros símiles a los salarios que cobraban cuando funcionaban bajo la patronal.

En agosto de 2015 lograron que ingrese un proyecto de ley de expropiación, que tuvo sanción unánime en las dos cámaras, y la gobernadora Vidal lo vetó. Los trabajadores  pidieron la quiebra de la empresa, y los asociados de Petinari evitaron que se decrete, presentándose a un concurso preventivo. “El principal problema de los trabajadores de ADO es que la empresa Petinari no quebró”, expresó Ruggeri. En 2012 Pedro Petinari tenía 378 empleados. A principios de 2015, cuando estalló el conflicto, eran 188. Al día de la fecha son doce, con los cuales Petinari cubre una farsa de reactivación para cumplir con requisitos del concurso. “La ley es muy estricta y siempre favorable para la empresa. Si llegara a quebrar cambiarían las cosas, pero para el juzgado basta con la ficción”, explicó Claudio Caponera, abogado defensor de los trabajadores de Acoplados del Oeste.

Según el licenciado, “es probable que Petinari logre que el concurso le sea homologado, y que llegue a un acuerdo con sus acreedores. El juicio preventivo que está haciendo Petinari es hacia los proveedores. Los trabajadores tienen que esperar a que este conflicto termine para volver a intentar cobrar la indemnización, pero ya no van a volver a trabajar. La ley de concursos los deja afuera de esta foto”.

Según Caponera, el juez no ha tenido una postura en contra de los trabajadores, con lo cual todavía queda la posibilidad de que lo evalúe. “Si lo hiciera, sería un caso aislado y recordado, pero para ello tendría que asumir una postura de conciencia y de querer cumplir con la función de justicia y no meramente legalista”, remarcó.

La permanencia de los trabajadores en la fábrica tuvo lugar hasta principio de este año, cuando se produjo un nuevo desalojo. “El veto de expropiación posibilitó que los Petinari volvieran a intentar recuperar la fábrica para ellos, supuestamente con un proyecto productivo nuevo, pero lo que se sospecha es que la van a terminar rematando definitivamente”, explicó Andrés Ruggeri, director de la revista Autogestión y del Programa Facultad Abierta.

GLOBITO

La textil de indumentaria infantil Globito está ubicada en el barrio porteño de La Paternal. Si bien en el caso de Globito la magnitud de trabajadores implicados es mucho menor –son 21–, es interesante tomarlo como punto de referencia para analizar cómo es distinto el proceso de recuperación de una empresa que sí quebró.

A diferencia de Petinari, que armó estratégicamente la fachada de una empresa de acoplados en funcionamiento, la familia Adamovsky pidió su propia quiebra. “El dueño no tenía ningún interés de continuar, ni de disputar el lugar. El síndico trató de rematar la fábrica para cobrar plata y repartir lo que se pudiera, pero no hubo mayor oposición porque se actuó rápido”, expresó Ruggeri.

El proceso fue rápido. La fábrica fue recuperada y transformada en cooperativa por sus 21 trabajadores en marzo de este año. El conflicto interno entre los empleados y la patronal había comenzado un tiempo antes de que estallara el conflicto, pero fue a fines de febrero que los trabajadores notaron maniobras de un evidente vaciamiento, como la falta de pago de los sueldos, además la venta del inmueble en el que funcionaba la empresa antes de mudarla a un local alquilado. Para evitar que el vaciamiento se profundizara, el fin de semana largo del 24 de marzo decidieron permanecer en la planta hasta que el juzgado resolviera si otorgar o no la quiebra. Fue el 13 de abril que la concedieron y finalmente Globito quebró.

Inmediatamente después, el grupo de trabajadores pidió la continuidad de la producción, y de primera, tanto la sindicatura como el juez, les negaron la petición. En la modificación de 2011 de la ley de quiebra, se incorporó la figura de la cooperativa, que concede a los trabajadores la posibilidad de recuperar sus puestos de trabajo. Pero “esta posibilidad depende de cómo la interprete el juez. Lo que históricamente tuvo en miras la ley de concurso de quiebra, es liquidar los bienes lo más rápido posible”, expresó Pablo Godoy, abogado defensor de los trabajadores de Globito. Según el licenciado, esto se debe no sólo a la tendencia clasista de quienes integran el poder judicial, sino también a que “el tiempo juega en contra de los trabajadores en la mayoría de los intentos de recuperación: Cuando se aprueba una continuidad, la quiebra se hace mucho más larga para los jueces, que no quieren tener expedientes dando vueltas tanto tiempo”, expresó.

Para una posible revisión del caso, el juzgado les exigió una serie de requisitos que debieron resolver a contrarreloj. En ese contexto, los trabajadores recurrieron al sector cooperativista. Varias federaciones y cooperativas intervinieron en el caso. “Es importante que exista un sector cooperativo fuerte, que entienda esta situación y que esté dispuesta a ayudar a los trabajadores que están empezando a atravesar este proceso de recuperación”, remarcó Pablo Godoy. Los trabajadores recibieron un préstamo de dinero con el que pudieron contratar los seguros que les reclamaba el juzgado, y a través del INAES consiguieron en 23 días la matrícula que les exigían, a pesar de que, según la ley, para recuperar la fábrica la cooperativa puede estar en formación.

Actualmente los trabajadores de Globito tienen CUIT y están produciendo. Todavía quedan cosas para resolver pero la cooperativa está funcionando. Al haber existido quiebra, más allá de las trabas que significó el acuerdo con el juzgado, la recuperación de Globito en manos de sus trabajadores fue bastante directa.

Los trabajadores de ADO cuentan con pruebas que demuestran el vaciamiento previo al estallido del conflicto. Los administrativos que tenían acceso a las finanzas hallaron un boleto de compraventa, en el cual Pedro Petinari le trasfería seis hectáreas de tierra que se encuentran enfrentadas a la fábrica a GAPE S.A., una sociedad con la misma composición que la firma que amenazaba con destruir sus puestos laborales. Asimismo, hay una transferencia de bienes al sindicato ASMATA que fue cuestionada por la sindicatura. “En un caso de quiebra, estas pruebas podrían justificar el vaciamiento para conseguir la expropiación. Pero si la empresa no quiebra, va a quedar en una anécdota para la tribuna, sin ninguna validez legal”, explicó el licenciado. “Lamentablemente las leyes están facilitando el vaciamiento, no se tiene una respuesta legal justa”, concluyó.

El pedido de quiebra existió tanto en el caso de la empresa Petinari como en el de Globito. En el primero por parte de los trabajadores, y en el segundo por parte de su propio dueño. Los fallos de los jueces en cada caso demuestran que la opción de autogestión en manos de los trabajadores no depende tanto de variables económicas o sociales, sino más bien de la decisión del Poder Judicial de otorgar o no la quiebra. No existe ningún ente que regule esta actitud sesgada, por lo que en la mayoría de intentos de recuperación de empresas, los que corren con más desventaja lamentablemente siguen siendo los trabajadores.